Saénz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros de ayer. /ULY MARTÍN
El Gobierno está abierto a negociar en el largo trámite que ahora se inicia la ley Wert que reforma la educación, pero sin dejar de regular el uso del castellano en las aulas en iguales proporciones a otras lenguas cooficiales, especialmente en Cataluña. Y, por supuesto, el Ejecutivo considera irrenunciable aprobar la reforma porque entiende “insostenible” la actual situación de la educación.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, dio ayer un respaldo expreso del ministro de Educación,José Ignacio Wert, no dejando dudas de que seguirá adelante con la ley pese a la polémica levantada y aceptando el pulso con la Generalitat de Cataluña por los apartados referidos a la lengua. De hecho, replicó al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, invocando la Constitución frente a sus acusaciones de que volvía el franquismo.
Asegurar el acceso a la enseñanza del castellano en Cataluña es una línea roja del Gobierno en las negociaciones que se abren porque, según explicó Saénz de Santamaría, se trata de cumplir resoluciones judiciales que obligan a regular esos casos excepcionales. “Ningún poder público en España puede considerarse ajeno a la doctrina que citan los tribunales”, aseguró con énfasis la número dos del Gobierno. “Al final hay una cosa que es la libertad de enseñanza y el derecho a la educación y también, por tanto, el derecho de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos y la reforma no minusvalora ninguna lengua cooficial”, aseguró. En esta línea, la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, precisó que la reforma educativa solo actuará “en caso extremo y anticonstitucional”, en el que las familias que quieran educación en castellano no puedan elegirlo. Ahí la futura ley obligará a la Generalitat a ofrecerles una plaza escolar con el castellano como lengua principal, si hace falta, pagándoles un colegio privado.
El Gobierno es consciente de que la ley Wert dificultará el acercamiento a CiU que empezó a apuntarse tras las elecciones catalanas, pero lo asume como daño colateral de una reforma que entiende irrenunciable.
Por eso, la vicepresidenta se esforzó en explicar que el asunto de la lengua es solo una parte mínima de esa reforma indispensable. Según dijo, la actual situación de fracaso escolar, de aumento de los “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajo) y las elevadas cifras de paro juvenil indican que es necesario acometer la reforma de la educación. Ahí hizo un llamamiento a los partidos para que se centren en este aspecto y eviten otros asuntos, como el de la lengua, que, según enfatiza, es pura traslación de resoluciones hasta del Tribunal Supremo.
“Si nos centramos todos en que lo importante es la persona y no lo que diga tal parlamento y tal partido político, a lo mejor podremos sacar adelante uno de los temas clave de este país y es que no podemos estar con más del 50% de desempleo juvenil. Yo les pido a todos los grupos políticos que nos fijemos en un objetivo básico, que son los ciudadanos. Algunos pueden ver las leyes educativas como determinados mecanismos para ciertas actuaciones políticas, pero al final la ley de educación es una ley para los alumnos y para los padres, que son los que se preocupan, amen de la comunidad educativa, los profesores”, remachó Santamaría.
La vicepresidenta recordó que la norma no ha empezado siquiera el trámite, es solo un borrador que no llegará al Parlamento hasta mediados del próximo año, con largos periodos de enmiendas que permiten negociaciones y enmiendas. La ley no habrá terminado su tramitación antes de principios de 2014.
Sobre el consenso con los demás grupos, Saénz de Santamaría descalificó la propuesta del PSOEpara modificar la Constitución y convertir la sanidad en un derecho fundamental como la educación. Recordó que se trataría de una reforma agravada, es decir, que requiere que lo aprueben las Cortes con los votos del PP y del PSOE, que se celebren elecciones, se ratifique la modificación y que se apruebe en un referéndum.
Para Soraya Saénz de Santamaría no tiene sentido un procedimiento tan costoso en lo político y en lo económico por incluir un proceso electoral y un referéndum. “España afronta una crisis económica y uno tiene que elegir muy bien las prioridades y saber lo que es esencial, y es necesario ganar en estabilidad”, apostilló.
“Con el año que llevamos, no creo que estemos para seguir convocando más elecciones. No estamos para gastos excesivos”, dijo.
Implícitamente, la vicepresidenta desautorizó así también a la número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que se pronunció el jueves a favor de cambiar la Constitución para eliminar la prevalencia machista en la sucesión a la Corona. Esa reforma defendida por Cospedal requiere también la disolución de las Cortes y la celebración de un referéndum. Fue propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y retirada después de recabar un informe al Consejo de Estado. Se comprobó que carece de consenso.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió ayer de nuevo su propuesta de reforma constitucional, con el argumento de que incluir la salud “en el capítulo de derechos fundamentales” supondría “impedir que un Gobierno excluyera del acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, como ha hecho el de Rajoy”.